Cuba bajo asedio: Asfixia económica contra la autodeterminación

Será que la necedad parió conmigo
La necedad de lo que hoy resulta necio
La necedad de asumir al enemigo
La necedad de vivir sin tener precio

Silvio Rodriguez - El necio

Cuba no atraviesa una simple crisis económica. Está bajo una operación de asfixia calculada.
No es un “contexto adverso” ni una suma de errores internos: es una relación de fuerzas impuesta desde afuera, sostenida por el Estado estadounidense como política estratégica de largo plazo. La isla vive bajo un régimen de guerra económica permanente desde hace más de seis décadas: sanciones, persecución financiera, castigo a terceros y —hoy— un componente decisivo: el cerco energético.

Reducir lo actual a “agotamiento del modelo” es borrar lo central: Washington no administra diferencias; administra un dispositivo de derribo. Su objetivo, explicitado desde los años sesenta, fue siempre el mismo: provocar carencias, producir descontento y forzar la re-subordinación. La fase actual es más directa: se busca fabricar una crisis social y estatal que habilite una salida contrarrevolucionaria por agotamiento, presentada como “normalización”.

Tras la desaparición del bloque socialista, lejos de suavizarse, el cerco se institucionalizó y se expandió. Las leyes extraterritoriales consolidaron un sistema de sanciones que castiga no solo a Cuba, sino a cualquier empresa, banco o Estado que intente establecer relaciones normales con ella. No es una disputa entre dos países: es un dispositivo global de disciplinamiento. En términos simples: la crisis cubana tiene un centro de gravedad externo; lo interno existe, pero se ordena bajo esa presión.

El paso decisivo de la fase más reciente fue la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esa medida funcionó como una orden de expulsión del sistema financiero internacional: bancos cerraron operaciones, transferencias quedaron bloqueadas, créditos y seguros comerciales se volvieron inaccesibles. Por ejemplo BNP Paribas, que operaba con el pais hasta 2014, eliminó operaciones después de sufrir una multa de 8900 millones de dólares, lo mismo sucedió en 2018 con Société Genérale que recibió una multa de 1340 millones de dólares. Existen diversos ejemplos pero lo importante es el efecto disciplinador: otros bancos se autocensuran para no arriesgar acceso al mercado norteamericano y así solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025 más de 40 bancos extranjeros se negaron a efectuar operaciones con entidades bancarias cubanas, al menos 5 bancos se negaron a procesar pagos —sin previo aviso— cuando Cuba intentaba comprar alimentos de la canasta básica.

En la práctica, se le negó al país la posibilidad de financiar su desarrollo, reduciéndolo a la gestión de corto plazo y sin margen real de planificación.

Un país al que se le impide acceder al crédito no enfrenta solo dificultades: es empujado a la supervivencia permanente.

La arquitectura del bloqueo

El bloqueo no es un accidente histórico. Es una estructura acumulativa.

En 1962 el embargo se formalizó casi en su totalidad. Desde entonces, cada etapa de la política estadounidense agregó capas al dispositivo original. Tras la caída de la Unión Soviética —cuando Cuba perdió su principal socio— la presión se intensificó. La Ley Torricelli (1992) restringió severamente el comercio indirecto. La Ley Helms-Burton (1996) dio un salto cualitativo al codificar el bloqueo en el Congreso y extender su alcance extraterritorial, habilitando sanciones contra empresas extranjeras que operaran en bienes nacionalizados tras la Revolución.

El bloqueo se convirtió en una arquitectura jurídica rígida, diseñada para permanecer.

El breve período de distensión bajo Obama no desmanteló esa estructura. La administración Trump la reforzó con nuevas sanciones, restricciones al turismo, limitaciones a las remesas y medidas destinadas a obstaculizar el suministro de combustible. La designación como país patrocinador del terrorismo consolidó la fase punitiva al activar mecanismos automáticos de exclusión financiera.

No es una interpretación: ya en los años sesenta la propia doctrina estadounidense definió la meta en términos de privación material deliberada —“hambre”, “desesperación”, “descontento”— como palanca para quebrar el proceso revolucionario.

Crisis y desigualdades en un contexto de asfixia

Reducir la situación cubana únicamente al bloqueo sería superficial. La guerra económica no elimina las contradicciones internas: las intensifica.

El punto crítico del momento es que al estrangulamiento financiero se le suma un cerco energético que acelera la crisis. No se trata solo de “apagones”: Cuando falta combustible, no se apaga sólo una lamparita: se detiene el transporte, se rompe la cadena de frío, se retrasan insumos, se encarece cada traslado y la vida cotidiana entra en modo racionamiento. La asfixia se vuelve experiencia inmediata: horas perdidas, comida que no se conserva, agua que no llega.

Golpea directamente la reproducción social. La escasez obliga a racionar generación eléctrica y condiciona servicios básicos; hospitales y sistemas de agua dependen de respaldos que, sin combustible, se vuelven vulnerables. Por eso el problema no es psicológico, sino material: salud pública, acceso al agua, conservación de alimentos, continuidad escolar y vida cotidiana. Lo que está en juego es la posibilidad de sostener normalidad bajo asedio.

La caída de ingresos por turismo —fuente central de divisas— limita la capacidad de importación. El poder adquisitivo se ha deteriorado y las tensiones monetarias impactan en amplios sectores. Ese malestar es real y no debe ser negado. Pero tampoco puede leerse automáticamente como progresivo. En condiciones de asfixia externa, la protesta social es un terreno de disputa: puede alimentar demandas de corrección y justicia social, o ser capturada hacia una salida restauracionista impulsada desde fuera (y desde adentro), bajo la promesa de “soluciones rápidas” vía subordinación financiera.

En este contexto emergen desigualdades más visibles que en décadas anteriores. La apertura a pequeñas y medianas iniciativas privadas, junto con el peso creciente de las remesas, ha generado diferenciaciones asociadas al acceso a divisas. Sectores vinculados al turismo o a actividades privadas rentables concentran recursos inaccesibles para otros. La dolarización parcial de ciertos circuitos comerciales refuerza esa segmentación.

No se trata de una restauración capitalista abierta ni de la consolidación de una burguesía dominante, pero sí de tensiones que inciden en la percepción cotidiana de justicia e igualdad. Negarlas sería irresponsable; exagerarlas hasta anunciar un colapso inminente suele responder más a la narrativa del adversario que a un análisis serio.

Cuba, sin embargo, no se queda inmóvil. Con recursos escasos empuja una reconversión energética para reducir dependencia externa: expansión fotovoltaica, cambios regulatorios para acelerar renovables y acuerdos internacionales para infraestructura solar. Esa línea no “resuelve” el cerco por arte de magia, pero cambia el tablero si se le da tiempo: más generación renovable es menos vulnerabilidad ante el chantaje del combustible, y por tanto más margen para estabilizar producción y vida social.

Todo esto sucede en una economía severamente restringida, con un sistema de garantías sociales que, aun debilitado, continúa sosteniendo acceso universal a salud, educación y empleo en niveles altos —mientras en el mundo capitalista "desarrollado" la austeridad y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores se impone como moneda corriente.

Participación política bajo presión

Las revueltas de 2021 no pueden leerse como estallido abstracto ni como simple “despertar democrático”. Son expresión de una generación que nació dentro del proceso revolucionario y que ha vivido siempre bajo condiciones de excepción prolongada: restricciones materiales persistentes, promesas de mejora demoradas y un horizonte de progreso estrechado por la presión externa constante.

No es una generación “contrarevolucionaria”. Es una generación que ha crecido en crisis. Y esa diferencia importa.

La emigración —en su mayoría económica, aunque con consecuencias políticas evidentes— ha vaciado barrios, fracturado redes familiares y erosionado expectativas. El desgaste es real. El desánimo también.

El análisis liberal convierte ese desgaste en diagnóstico automático de fracaso sistémico. Mide la experiencia cubana con el patrón de la democracia liberal como si fuera norma universal, pese a que ese modelo ha demostrado límites severos tanto en la ampliación efectiva de la participación popular como en la garantía material de condiciones de vida dignas. Lo que en Europa y en el espacio post-soviético produjo alternancia sin transformación estructural, hasta favorecer el auge de regímenes autoritarios, en Cuba se presenta como horizonte inevitable.

Ese atajo analítico no explica: simplifica. Y simplificar, en este terreno, favorece a quien opera desde fuera.

En cambio, Cuba no es una democracia multipartidista. Su sistema político se estructuró sobre otras bases: partido único, organizaciones de masas, mecanismos de consulta y participación distintos al parlamentarismo burgués. Puede discutirse su funcionamiento y sus límites, pero reducirlo a una caricatura autoritaria ignora el contexto en el que opera.

La legitimidad del sistema cubano no se ha basado en alternancia electoral competitiva, sino en su capacidad histórica de rectificación y en la integración orgánica entre estructura estatal y tejido social. Ese mecanismo puede discutirse —y debe discutirse—, pero no es inexistente ni puramente formal.

En un contexto de asedio sostenido, el campo político se polariza alrededor de un dilema material —independencia o subordinación— que comprime el espacio para alternativas de izquierda. Cuando el adversario opera con sanciones, financiamiento selectivo y guerra mediática, la exterioridad política se vuelve capturable como vector de cambio de régimen. Por eso, una crítica de izquierda que se pretenda eficaz no puede presentarse como “tercera vía abstracta” separada del conflicto principal: debe existir dentro de la dinámica política real, disputando orientación, prioridades, control popular y corrección de desigualdades desde el piso de la autodeterminación.

Y esto importa: el contenido de masas de las organizaciones existentes —sindicatos, estructuras territoriales, espacios juveniles, el Partido mismo— podría permitir una vida política más abierta en condiciones normalizadas. Pero la presión externa empuja en sentido contrario: genera reflejos defensivos y estrecha márgenes de experimentación. La tarea es pelear por esos márgenes sin entregar el terreno al enemigo.

La política cubana se desarrolla bajo condiciones excepcionales.

Cuba y la reconfiguración imperial

La ofensiva actual no puede separarse del momento global. Estados Unidos enfrenta un escenario menos favorable que en los años posteriores a la Guerra Fría. La emergencia de China, la persistencia de Rusia y la fragmentación del orden internacional erosionan su hegemonía.

En ese contexto, la reafirmación del control sobre América Latina adquiere prioridad.

El endurecimiento del bloqueo contra Cuba, las sanciones y bloqueo militar —hasta el secuestro de su presidente, así como de su esposa— contra Venezuela, y la presión constante sobre gobiernos que ensayan márgenes de autonomía responden a una lógica común: impedir que en el continente se consoliden experiencias que cuestionen la subordinación estructural.

Golpear a Cuba cumple una función ejemplificadora: la Revolución Cubana fue —es—, en lo esencial, un proceso de liberación nacional que rompió una relación de dependencia —política, militar y económica— sostenida por Estados Unidos, y lo hizo con una capacidad transformadora que reordenó la sociedad desde abajo. La reforma agraria, la universalización de la salud y la educación, la alfabetización, la construcción de un Estado social y la afirmación de una política exterior independiente no fueron “políticas públicas” aisladas: fueron la materialización de una autodeterminación conquistada.

Por eso Cuba es inspiradora incluso cuando atraviesa crisis: porque encarna una tesis peligrosa para el orden imperial. Que un país periférico puede salirse del guion, sostener derechos sociales universales y mantener un margen real de decisión frente a la tutela externa. Esa potencia histórica —más que cualquier consigna— es lo que se intenta castigar: no solo a Cuba, sino a la idea de que la liberación nacional puede abrir camino a transformaciones sociales profundas.

Si una experiencia histórica de autodeterminación resiste pese a seis décadas de asedio, demuestra que la subordinación no es inevitable. Si Cuba fuera doblegada por agotamiento económico, la señal sería continental y de época: una derrota con efectos comparables —en su escala latinoamericana— a lo que significó 1991 para el campo emancipatorio, por su función disciplinadora.

El respaldo internacional a la isla es limitado. China y Rusia mantienen vínculos, pero según sus propios cálculos estratégicos. América Latina atraviesa un momento muy distinto que el ciclo progresista de comienzos de siglo. El aislamiento es más profundo que en otras etapas. Pero no es absoluto.

Solidaridad y disputa continental

Persisten gestos de solidaridad estatal pese a la presión estadounidense —sobre todo desde México, otros países latinoamericanos han protestado en público y aceptado en la práctica—. Pero lo más importante es que empiezan a recomponerse iniciativas desde abajo: el encuentro antifascista y por la soberanía de los pueblos de Porto Alegre (marzo de 2026) tendrá sin dudas como eje la necesaria solidaridad con Cuba, y campañas contra el bloqueo comienzan a abrirse paso.

En esa misma lógica, se empieza a organizar una flotilla solidaria —inspirada en la que se movilizó para llevar ayuda al pueblo palestino y denunciar el genocidio en Gaza— para desafiar en el Caribe no solo el bloqueo económico, sino también el bloqueo mediático que busca aislar a la isla.

Son procesos todavía fragmentarios, pero apuntan a una tarea estratégica: volver el bloqueo un costo político, sacarlo del terreno “técnico” y ponerlo en el centro de la confrontación pública.

No es posible exagerar la urgencia con la que el pueblo cubano necesita hoy esta solidaridad.

Defender Cuba es defender el derecho a existir

La situación cubana no admite lecturas cómodas. No es el relato del “fracaso inevitable” ni la caricatura de una dictadura burocrática, ni una épica congelada. Es una experiencia histórica sometida a presión extrema, con contradicciones reales y una persistencia que desmiente seis décadas de pronósticos de derrumbe.

La asfixia económica actual busca demostrar que ningún pueblo del continente puede decidir su propio camino de desarrollo si ese camino se aparta de los límites fijados por la hegemonía estadounidense. El mensaje no está dirigido únicamente a La Habana: está dirigido a cualquiera que aspire a organizar su economía, sus recursos y su vida política sin subordinación estructural.

Defender a Cuba no implica negar sus problemas ni clausurar el debate sobre sus transformaciones necesarias; implica reconocer que el conflicto es estructural y que su desenlace excede las fronteras de la isla.

En Cuba está en juego algo más profundo: si los pueblos latinoamericanos pueden o no ejercer, en condiciones reales, el derecho a decidir su propio destino. Por eso la solidaridad no puede ser solo declarativa: debe traducirse en una política —desmontar el bloqueo, denunciar la extraterritorialidad norteamericana, disputar el sentido del malestar social— y sostener un apoyo crítico que no deje a Cuba sola ante una ofensiva estructural.

El primer deber internacionalista es romper el cerco. Eso significa combatir el bloqueo como política de guerra y sabotear en nuestros propios países la propaganda que presenta la asfixia como “defensa de la democracia”. Ninguna autodeterminación se sostiene si la asfixia se acepta como normalidad.

Al mismo tiempo, conviene decirlo con precisión: apoyo crítico no es neutralidad. La crítica a desigualdades emergentes o decisiones discutibles puede y debe existir; lo que no puede es convertirse en coartada para la agresión ni en lenguaje prestado por la estrategia de cambio de régimen. Criticar no es —no puede ser— abrir las puertas al imperialismo ni facilitar su ofensiva : es sostener el derecho a decidir sin tutela y discutir transformaciones desde ese piso.

Y, finalmente, la crisis no se resuelve con declaraciones. Se disputa con fuerzas sociales concretas, con organización y mediaciones capaces de transformar malestar en proyecto y defensa de la vida común frente a la fragmentación que impone la asfixia. Si el asedio busca producir desesperación y rendición, la tarea es producir lo contrario: capacidad colectiva, sostén material y horizonte político.

Y en esa disputa, la neutralidad no es inocente.